Son muchos los clientes que llegan a nuestro despacho con una mezcla de incertidumbre y optimismo al haber leído en el periódico u oído en la radio que existe una solución para sus problemas de insolvencia. Un procedimiento mediante el cual quedas exonerado de la totalidad de tus deudas y, no solo eso, sino que te permite quedarte con tu vivienda habitual y con todos aquellos bienes afectos a la actividad económica, en caso de que los hubiere. Parece de película, pero existe, está presente en España y ha llegado como un oasis en el desierto para todas aquellas personas que se ven ahogadas en su día a día. Aquí, me interesa detenerme y lanzar una pregunta ¿qué produce la situación de asfixia al deudor?. En muchos casos ese sentimiento viene producido, dejando a un lado lo estrictamente económico, por la incansable persecución que hacen las entidades financieras y gestoras de cobro para conseguir el pago de las deudas contraídas. Prácticas que rozan el límite de la legalidad y que sobrepasan, a todas luces, el límite de lo moral, creando un sentimiento de ansiedad en los deudores que les impide, en muchos casos, poder reaccionar y desempeñar las labores propias del día a día. Parece, por tanto, que la denominación del procedimiento, segunda oportunidad, no podría definirlo mejor. Una segunda oportunidad para vivir tranquilo, sin incesantes preocupaciones económicas y teniendo la vida digna que todo ciudadano merece. Pero como dice el, ya un poco obsoleto, refrán “nadie regala duros a cuatro pesetas” y la pregunta que todos se hacen es ¿qué ganan los Estados, y en concreto el Estado español con esto?. Ya lo indica la propia exposición de motivos del RD 1/2015 “la experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se producen desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la economía” y es que parece obvio pensar que cuando no tienes, no gastas, y eso crea un impacto negativo sobre la economía de cualquier país que, en definitiva, se nutre del flujo económico de sus ciudadanos. Por otro lado, son evidentes las necesidades inherentes al ser humano tales como la alimentación, la vivienda y un mínimo de gasto personal que hacen que el deudor tenga la obligación de conseguir el dinero de cualquier forma, lo que hace que muchas veces se obtenga de una manera irregular pasando a aumentar la conocida economía sumergida. Por tanto, podría decirse que el Estado persigue dos fines con este tipo de medidas, uno de carácter social para otorgar a sus ciudadanos una segunda oportunidad y una mejor calidad de vida, y un segundo fin inherente a la propia estabilidad y proliferación del sistema económico del país, fomentando el gasto de las familias.
Actualmente la segunda oportunidad está en boca de muchos y, pese a estar muy lejos de un modelo perfecto, se han hecho grandes avances en la materia otorgando unos mayores beneficios al deudor de buena fé.
